lunes, 8 de octubre de 2018

EL SUPREMO DECLARA DE LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD NO DEBEN PAGAR I.R.P.F

El Tribunal Supremo ha declarado exentas del pago de IRPF a las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social, ratificando una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2017 y en contra del criterio que hasta ahora ha mantenido la Agencia Tributaria. 

   El Supremo ha establecido como doctrina legal que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".La sentencia de la Sección Segunda de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo, considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que "igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad".

   El Supremo entiende que la exención del pago del impuesto incluye la de maternidad "y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo", y además su alcance "no se limita" a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales, sino que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban.A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. "Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra "también" estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales", después de declarar exentas en el párrafo tercero "las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". 

   La sentencia parece dar a entender que, además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las comunidades autónomas y entidades locales, pues en otro caso la partícula "también" sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales.¿Quiénes la pueden reclamar? La sentencia tiene carácter retroactivo pero con un límite temporal. 

   De esta forma, todas las personas que hayan disfrutado de bajas de maternidad desde 2014 pueden solicitar la devolución de lo que pagaron por IRPF en sus prestaciones, las anteriores quedan prescritas. Esto significa que se pueden reclamar las declaraciones de la Renta de 2014, 2015, 2016 y 2017. Además, quienes hubieran iniciado un procedimiento de reclamación, aun habiendo recibido las prestaciones de maternidad con anterioridad a estos ejercicios, también se verán beneficiados por la sentencia porque el plazo queda en suspenso al haber comenzado el trámite. 

   A partir de ahora, la Agencia Tributaria "tomará en consideración" el criterio establecido por el Supremo por el que declara exentas del pago de IRPF las prestaciones de maternidad, en la resolución de reclamaciones.Fuentes de la Agencia han indicado a Efe que este nuevo criterio se aplicará a la hora de resolver los procedimientos, reclamaciones y recursos actualmente en curso o que se presenten en el futuro.Además, la Seguridad Social ya ha anunciado que dejará de retener el IRPF en las prestaciones de maternidad que comiencen a tramitarse desde el momento en el que les sea notificada la sentencia del Tribunal Supremo, según han explicado hoy a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo.

   ¿Cómo se reclama? El procedimiento para solicitar esta devolución pasa por presentar un escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del ejercicio en que se percibió la prestación. Asimismo, se debe presentar en la Administración de Hacienda una fotocopia de la declaración y de los datos fiscales del ejercicio que se reclama junto con el modelo. Otra opción es enviarlo todo por correo certificado administrativo. En el caso de que el niño naciera en el último trimestre del año, es posible que se cobrara la prestación en dos ejercicios distintos, por lo que se debe solicitar la rectificación de ambos ejercicios. La solicitud de rectificación se puede pedir antes de que pasen cuatro años desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de la declaración reclamada o desde el día siguiente a la presentación de la declaración si se presentó fuera de plazo. Si esta solicitud se considera procedente, Hacienda rectificará la declaración presentada y devolverá la cantidad indebidamente ingresada, más los intereses de demora que correspondan.Es un subsidio y el contrato de trabajo queda en suspenso.

   Por último, el Supremo mantiene que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen."En consecuencia -concluye la sentencia- la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que 'las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas'". 

   Esta sentencia llega en respuesta al abogado del Estado que había recurrido el fallo del TSJM con el argumento de que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual, y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso.Los últimos datos disponibles muestran que la Seguridad Social desembolsó en los ocho primeros meses de este año 1.542,59 millones de euros en prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo en el embarazo.

   Lea aquí la sentencia completa del Tribunal Supremo: Sentencia núm. 1.462/2018

IMPORTANTE: Pueden solicitar la rectificación de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 quienes percibieron la prestación por maternidad en esos años y cuyo resultado de la declaración fue a ingresar o bien la devolución no alcanzó a la totalidad de las retenciones practicadas.

martes, 31 de julio de 2018

LA TARIFA PLANA UNIVERSAL DE 50 EUROS PARA AUTÓNOMOS, TENDRÁ SU FIN EN 2019

   La tarifa plana universal para los nuevos autónomos tiene sus días contados. Así se acordó ayer en un encuentro entre las dos grandes asociaciones de autónomos,- la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta)- y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que estudiarán a través de una Mesa Técnica de Trabajo la creación de un sistema de cotización justo en base a los ingresos reales de los autónomos. Esta comisión de expertos, que comenzará a trabajar de forma inmediata, tiene como objetivo alcanzar una reforma del actual sistema de cotización, para "dar una vuelta a la tarifa plana tal como está concebida actualmente para que pueda modificarse y sea más efectiva" según declaró la ministra al finalizar el encuentro.

   De esta forma, se pretende crear un sistema con cinco tramos de cotización para que "ningún autónomo pague por encima de sus ingresos y proporcionar el esfuerzo de aquellos que se encuentran sobrepasando el límite de una presión contributiva razonable".

   Para Eduardo Abad, presidente de Upta, con este encuentro "se recupera el diálogo social de los autónomos en el que las dos grandes asociaciones de autónomos se sientan a dialogar, a proponer y a plantear propuestas sustanciales de mejora para nuestro colectivo"; mientras que para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, los autónomos necesitan "cuanto antes" un sistema de Seguridad Social "solidario, pero también justo". Tanto ATA y Upta coinciden en que es fundamental que "los autónomos recuperan la confianza en el sistema público de la Seguridad Social y, para ello, la Administración debe dar pasos adelante y hacer gestos importantes".

   La propuesta determina que los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 735,90 euros/mes, su aportación a la Seguridad Social será similar a la tarifa plana, de unos 50 euros/mes aproximadamente durante dos años, sujeto a que no se superen unos ingresos anuales de 10.302 euros. Pasado ese periodo de dos años se podrá prorrogar año a año, hasta un máximo de cuatro.

   En un segundo tramo, los autónomos con ingresos netos superiores al SMI pero inferiores a 30.000 euros/año podrán elegir entre la base mínima actual de cotización, de 278,87 euros al mes, y una base máxima, de 1.106 euros, común para el resto de tramos. En un tercer tramo, con rendimientos netos anuales entre 30.000 y 40.000 euros, la base de cotización mínima será de 357 euros/mes; en un cuarto tramo, con ingresos entre 40.000 y 60.000 euros/año, la base mínima de cotización será 417 euros mensuales; y por último, los que superen unos rendimientos netos de 60.000 euros deberán pagar 556 euros al mes. 

   Desde Upta señalan que los datos son aproximados a falta de definir cotizaciones voluntarias extraordinarias como cese de actividad o contingencias profesionales.

lunes, 5 de marzo de 2018

EL SUELDO DE LOS CONSEJEROS DEBERÁ CONSTAR EN LOS ESTATUTOS Y SER CONTROLADOS POR LA JUNA

   La remuneración de los administradores sociales es un tema muy controvertido desde que en 2014 la Ley para la mejora del gobierno corporativo introdujera importantes modificaciones en la regulación de esta materia. Se han aplicado criterios muy distintos sobre si todo tipo de retribuciones que perciben los consejeros que forman parte del consejo de administración de las sociedades no cotizadas tienen que figurar en los estatutos sociales –ya sea en los iniciales o en modificaciones posteriores- y sobre si la junta general de socios debe controlarlas en cualquier caso.

   El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia el 26 de febrero (accede aquí al texto) en la que interpreta la normativa y pone fin a una de las grandes polémicas en torno a esta cuestión.

  La controversia gira en torno a que los consejeros pueden realizar distintas funciones para la sociedad. Por un lado, participan en la toma de decisiones sobre la administración y funcionamiento de la compañía, cometido común e “inherente” a su condición de administradores y, por otro, pueden llevar a cabo funciones de gestión ordinaria que se les delegan específicamente, como apoderados con facultades amplias para decidir sobre el ejercicio de la actividad empresarial. Sería el caso, por ejemplo, de los directores generales o de consejeros que desempeñan funciones ejecutivas sectoriales, como un consejero que realiza además las funciones de director financiero.

   Las dudas surgen cuando en la reforma de 2014 se regulan sus retribuciones en dos grupos de artículos distintos de la Ley de Sociedades de Capital.

   Por un lado, el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los que lo desarrollan, establece que el cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario, determinando además el sistema de remuneración. Detalla una serie de conceptos retributivos posibles y establece que la junta general será la que decida el importe máximo anual a repartir entre los consejeros. Estos artículos fijan, en resumen, el control de la remuneración de los consejeros por la junta general de socios y el principio de “reserva estatutaria”. Es decir, que se garantiza el control y la transparencia del sistema de retribución de los administradores haciéndolo constar en los estatutos de la sociedad.

   El problema es que en estos preceptos siempre se hace referencia a la remuneración de los administradores «en su condición de tales» y esta expresión ha dado lugar a interpretar que solo se aplicarían a las retribuciones «inherentes» a la condición de administrador (es decir las correspondientes a sus funciones consultivas, decisivas, etc.) y no a las que se les paguen por las funciones «ejecutivas».

   Por otro lado, el artículo 249 de la Ley de sociedades de capital, tras la reforma, establece que cuando a un miembro del consejo de administración se le atribuyan funciones ejecutivas debe formalizar un contrato con la sociedad, aprobado por el consejo de administración, en el que, entre otras cosas, debe detallarse su retribución por esas funciones.

   Todo esto ha dado lugar a una doble interpretación. Una sosteniendo que solo es necesario que figuren en los estatutos y sean decididas por los socios las retribuciones de los consejeros por sus funciones de administración, pero las retribuciones por sus funciones ejecutivas no -quedando estas en manos del consejo de administración formalizadas a través del contrato-. Y otra entendiendo que todo el sistema de remuneración debe figurar en los estatutos sociales y quedar bajo el poder de decisión de la junta de socios y que, además de esto, las retribuciones por sus funciones ejecutivas deben formalizarse y detallarse dentro del contrato específico.

   Esta última interpretación es la que apoya el Tribunal Supremo en su sentencia. Concluye que la exigencia de que la remuneración de los consejeros figure en los estatutos sociales y sea decidida y controlada por los socios se aplica a todo tipo de remuneraciones de los consejeros y que la exigencia de formalizar un contrato que sea aprobado por el consejo de administración en el que se detallen las retribuciones por sus funciones ejecutivas, es un requisito añadido.

LAS EMPRESAS DEBERÁN TENER UN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS

El reglamento de protección de datos, que será de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo, incluye la necesidad de designar a un responsable en las entidades que traten información personal o sensible.

     A poco más de 100 días para que el conjunto de países miembros de la Unión Europea empiecen a aplicar el contenido del nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD), el rol del delegado de protección de datos (DPD) ha ganado importancia. Esta figura laboral resultará esencial para muchas compañías, puesto que el texto legal insiste en su obligatoriedad para todas las autoridades y organismos públicos, así como para empresas que realicen una observación habitual y sistemática de las personas a gran escala o que tengan entre sus actividades principales el tratamiento de datos sensibles.

    En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva tiempo allanando el camino y resolviendo muchas de las dudas generadas por el RGPD, como ocurre con los responsables de protección de datos. De hecho, en julio de 2017, la autoridad nacional presentó, junto a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el primer Esquema de certificación de DPD y, hace menos de un mes, emitió la primera autorización a ANF AC, que podrá certificar la idoneidad de todos los expertos que aspiren a ser delegados de protección de datos.

    Sin embargo, acceder a esta nueva actividad no será tarea fácil. De hecho, la AEPD detalla en su exhaustivo texto el perfil del profesional que aspire a cubrir el puesto, así como las competencias requeridas para poder convertirse DPD. Así, para que las autoridades acreditadas puedan certificar que un trabajador es adecuado, éste deberá ser capaz de recabar información para determinar las actividades de tratamiento;analizar y comprobar la conformidad de las actividades de tratamiento e informar, asesorar y emitir recomendaciones al encargado del tratamiento.

    También tendrá que asesorar en la aplicación del principio de la protección de datos por diseño y por defecto; aconsejar si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de protección de datos y qué metodología debe seguirse al efectuar este tipo de valoración. Por otro lado, deberá ser capaz de recabar información para supervisar el registro de las operaciones de tratamiento; así como priorizar sus actividades y centrar sus esfuerzos en aquellas cuestiones que presenten mayores riesgos.

    Además de todas estas capacidades, según explica la AEPD en su Esquema de certificación, todos los que estén interesados en lanzarse en esta nueva aventura laboral y tratar de acceder a la fase de evaluación, deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: justificar una experiencia profesional de, al menos, cinco años en proyectos o actividades relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos; tener una experiencia demostrable de, al menos, tres años en proyectos o actividades y tareas relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos, y una formación mínima reconocida de 60 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema; acreditar una experiencia profesional de, al menos, dos años en proyectos o actividades y tareas relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos, y una formación mínima reconocida de 100 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema; o, por último, justificar una formación mínima reconocida de 180 horas en relación con las materias incluidas en el programa del texto elaborado por la AEPD.

Método de evaluación

    Respecto al proceso de evaluación que deberán realizar los aspirantes a DPD, la autoridad española de protección de datos destaca que éste tendrá que estar basado en la valoración del conocimiento y experiencia, así como en el desarrollo profesional continuo. Las cosas así, el candidato estará obligado a demostrar que posee la competencia adecuada, es decir, los conocimientos teóricos, la capacidad profesional, así como las habilidades personales necesarias para cumplir esta misión, según los términos y condiciones establecidos por la AEPD.

    Entre los temas sobre los que los DPD deberán demostrar sus conocimientos, hay que destacar el que está íntimamente relacionado con el reglamento general de protección de datos, es decir, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo del RGPD, la normativa nacional, la directiva sobre ePrivacy o las directrices y las guías elaboradas por el grupo de trabajo artículo 29.

    También se verificará su capacidad ante la responsabilidad activa, lo que significa que deberá demostrar su facilidad para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el tratamiento de datos personales, su capacidad de valoración del impacto de la protección de datos desde el diseño o por defecto.

    Por último, también se tendrá en cuenta para la evaluación qué estrategia elegiría el candidato para garantizar la correcta ejecución del RGPD, ya sea mediante una evaluación de los sistemas de seguridad instaurados en la compañía o con auditorías de protección de datos.

Otros méritos

    En el caso en el que los candidatos no reúnan la puntuación necesaria para conseguir la certificación y así poder aspirar a ser delegados de protección de datos, según explica la Agencia Española de Protección de Datos, los profesionales también podrán presentar méritos adicionales que sumarán puntos a su experiencia laboral y personal:

-
Formación universitaria específica o complementaria en protección de datos o privacidad, según el Espacio Europeo de Educación Superior.

- Trabajo de fin de carrera o curso en protección de datos o privacidad.

- Prácticas en empresas en temas de protección de datos o privacidad.

- Experiencia laboral. Funciones específicas en asuntos de privacidad en un puesto de trabajo durante un año.

jueves, 25 de enero de 2018

EL GOBIERNO QUIERE REDUCIR LAS TRABAS FISCALES Y SINDICALES PARA IMPULSAR LAS PYMES

   
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha propuesto a los empresarios y a los sindicatos rebajar y flexibilizar algunas condiciones laborales y fiscales para facilitar que las empresas puedan ganar tamaño. Sobre todo, que las pequeñas sociedades, que cuentan con hasta 49 trabajadores, tengan más estímulos para convertirse en medianas, que tienen plantillas de hasta 249 trabajadores.

    Son dos de las líneas maestras que contempla el Gobierno en su Marco estratégico de la España industrial, que el Ejecutivo está negociando y consultando con las diferentes asociaciones empresariales, los sindicatos y catedráticos y expertos en los diferentes sectores.

    El plan, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, explica que “hay 130 regulaciones” que impiden que las empresas ganen tamaño, y las principales afectan a criterios laborales y fiscales. En el primer caso porque las compañías están obligadas a tener un comité de empresa cuando ya cuentan con 50 trabajadores. Es decir que, aunque no lo dice el documento, ya hay que convocar elecciones de representantes de los empleados, entran los sindicatos y la empresa pierde poder en las relaciones laborales. Las obligaciones legales van creciendo a medida que aumenta la plantilla y la compañía salta de escalón por su tamaño.

    Ya el pasado mes de julio, Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, propuso al Congreso de los Diputados “desacoplar [el umbral de empleados] de los niveles más frecuentes, como el de 50 trabajadores, para evitar los efectos escalón en la distribución de empresas”.

    Guindos se refiere a que, a partir de ese número de trabajadores, disminuye la representación de las empresas más grandes, porque muchas prefieren crear varias sociedades pequeñas antes que seguir creciendo, y verse obligadas a aumentar el poder de los sindicatos.

    Los obstáculos con los que se encuentran las empresas para ganar tamaño también son de índole fiscal. Por ejemplo, rebasar el umbral de los 50 trabajadores implica la obligación para la sociedad de auditar las cuentas si los activos tienen un valor superior a los 2,85 millones de euros o su facturación es superior a los 5,7 millones de euros.

GRANDES CONTRIBUYENTES

    Además, en el Impuesto de Sociedades, cuando la facturación llega a los 6 millones de euros, la empresa pasa al control de la Unidad de Grandes Contribuyentes que tiene la Agencia Tributaria. Eso significa también que soporta un pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades, que pasa del 18% al 20% de la base imponible. Además, la empresa tiene que hacer liquidaciones mensuales, en lugar de trimestrales, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

   Por todas estas razones, el Gobierno se acerca a las demandas de los empresarios , y propone “elevar los umbrales de las cargas fiscales y laborales para la calificación de una empresa como mediana”.

    La realidad es que de las cinco grandes economías de la Unión Europea, España sólo se iguala a Italia por el tamaño de sus empresas. Así, según el documento del Ejecutivo, el 94,5% de las compañías españolas tiene menos de diez trabajadores, frente al 81,7% de Alemania; el 88,8%, de Reino Unido; o el 93,3%, de Francia.

    Sólo el 0,6% de las sociedades españolas son medianas, que tienen entre 50 y 249 trabajadores. En Alemania son el 2,6%; el 1,6% en Reino Unido y el 0,9%, en Francia (ver gráfico en esta página).

    El Gobierno explica que su estrategia para que las empresas ganen tamaño se debe a que buena parte de los problemas de la economía española están en la preponderancia de la micro y pequeña empresa. “Tienen menos productividad, menos propensión exportadora y son menos innovadoras. Todo ello lastra la capacidad de crecimiento y exportación de la economía española”, además de que crea menos empleo.

   Hay que tener en cuenta que la participación actual de los sectores industriales en el Producto Interior Bruto (PIB) es del 16,1%. Es decir, que está por debajo del objetivo del 20% establecido por la Unión Europea para 2020.

LA DIGITALIZACIÓN

    En este sentido, otro reto importante para estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es entrar en la era de la digitalización. “O hacen frente a este reto o continuaran reduciendo su competitividad hasta su eventual desaparición”.

    Como líneas maestras del plan, el Gobierno propone fomentar las nuevas tecnologías en la “digitalización total” de las Administraciones Públicas, y fomentar su colaboración con el sector privado. En este punto, el Ejecutivo también plantea crear centros empresariales de excelencia y por sectores, “para fomentar la transferencia” de tecnología a la industria y su aplicación al tejido productivo real. Junto al cambio en el marco regulatorio, que facilite el salto paulatino desde las pequeñas a las grandes empresas y la apuesta por la digitalización, como grandes líneas maestras, el Gobierno también plantea propuestas para mejorar la financiación de las compañías y una política energética que reduzca los costes de las empresas, rebaje los niveles de contaminación y disminuya la presencia del carbón (ver información adjunta).

CAMBIOS DE IMPUESTOS QUE AFECTAN AL AUTÓNOMO EN 2018

    Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Autónomos, este tipo de profesionales enfrentan uno de los años con más cambios a nivel fiscal de los últimos tiempos. Vamos a recopilar a continuación las principales modificaciones a nivel impositivo, y en relación con los gastos en la Seguridad Social. Dos de las partidas que más modificaciones sufren, y que más afectan directamente al bolsillo de los autónomos en 2018.

    A nivel impositivo, las principales modificaciones que afectan a deducciones fiscales en este año son:





Seguros por enfermedad

    Los autónomos con seguro por enfermedad, así como los de su cónyuge o hijos menores de 25 años pueden deducirse el gasto. El máximo es de 500 euros por persona, y el límite 4 personas. Lo que significa que la ley permite deducirse el gasto de hasta 4 personas en seguros de salud, es decir, 2.000 euros.

Recibos de hogar 

    Una de las medidas mejor acogidas. Los autónomos que trabajen desde su propio domicilio podrán deducirse hasta un 30% de los gastos en suministros del hogar, como luz, telefonía o agua. Para ello, se realiza una proporción entre los metros totales de la vivienda y los empleados a la actividad profesional.

Gastos de manutención 

    Aquellos autónomos que coman en un restaurante podrán deducirse el gasto. Siempre que se realice mediante pago electrónico y se solicite la factura correspondiente, los autónomos pueden deducirse hasta 26,67 euros al día en comida. En caso de estar en el extranjero, la cuantía máxima asciende a 48,08 euros.


Los cambios en la Seguridad Social

   Desde el bufete de Asesoramiento Tributario VallRibera-Baqués, recuerdan que en el ámbito de la Seguridad Social, también se han producido una serie de cambios que afectan directamente a los autónomos. Aunque no son impuestos como tal, el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia se verá aumentado, gracias a la puesta en marcha de estas medidas.

Cotizaciones RETA 

    Los autónomos pueden abonar sus cuotas por sus días trabajados y no por el mes entero. Además, se pueden dar de alta y de baja hasta tres veces en el año natural, para que puedan escoger en función de sus intereses. De igual manera, se permite cambiar la base de cotización hasta cuatro veces en el mismo ejercicio.

Retrasos en los pagos 

    Se ha reducido el recargo por retraso en el pago de las cuotas. Concretamente se ha pasado del 20% al 10% en los ingresos fuera de plazo en el primer mes.

Pluriactividad 

    Los autónomos que, al mismo tiempo, estén trabajando como asalariados no tendrán que solicitar el exceso de cotización. Con la nueva ley, la devolución se realiza de forma automática, sin la necesidad de tener que solicitarlo.

Bonificación por cuidado de menores 

    La edad máxima para obtener una bonificación por el cuidado de menores pasa a los 12 años. Las condiciones en caso de maternidad, paternidad, acogimiento o adopción también han mejorado.

Contrato a familiares 

    Los autónomos que contraten a familiares de hasta segundo grado por consanguineidad o afinidad (incluso parejas de hecho) tendrán una bonificación durante un año.

Jubilación 

    Los autónomos podrán recibir el 100% de su pensión por jubilación y seguir trabajando. El requisito es tener, al menos, un empleado al cargo.