martes, 31 de julio de 2018

LA TARIFA PLANA UNIVERSAL DE 50 EUROS PARA AUTÓNOMOS, TENDRÁ SU FIN EN 2019

   La tarifa plana universal para los nuevos autónomos tiene sus días contados. Así se acordó ayer en un encuentro entre las dos grandes asociaciones de autónomos,- la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta)- y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que estudiarán a través de una Mesa Técnica de Trabajo la creación de un sistema de cotización justo en base a los ingresos reales de los autónomos. Esta comisión de expertos, que comenzará a trabajar de forma inmediata, tiene como objetivo alcanzar una reforma del actual sistema de cotización, para "dar una vuelta a la tarifa plana tal como está concebida actualmente para que pueda modificarse y sea más efectiva" según declaró la ministra al finalizar el encuentro.

   De esta forma, se pretende crear un sistema con cinco tramos de cotización para que "ningún autónomo pague por encima de sus ingresos y proporcionar el esfuerzo de aquellos que se encuentran sobrepasando el límite de una presión contributiva razonable".

   Para Eduardo Abad, presidente de Upta, con este encuentro "se recupera el diálogo social de los autónomos en el que las dos grandes asociaciones de autónomos se sientan a dialogar, a proponer y a plantear propuestas sustanciales de mejora para nuestro colectivo"; mientras que para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, los autónomos necesitan "cuanto antes" un sistema de Seguridad Social "solidario, pero también justo". Tanto ATA y Upta coinciden en que es fundamental que "los autónomos recuperan la confianza en el sistema público de la Seguridad Social y, para ello, la Administración debe dar pasos adelante y hacer gestos importantes".

   La propuesta determina que los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 735,90 euros/mes, su aportación a la Seguridad Social será similar a la tarifa plana, de unos 50 euros/mes aproximadamente durante dos años, sujeto a que no se superen unos ingresos anuales de 10.302 euros. Pasado ese periodo de dos años se podrá prorrogar año a año, hasta un máximo de cuatro.

   En un segundo tramo, los autónomos con ingresos netos superiores al SMI pero inferiores a 30.000 euros/año podrán elegir entre la base mínima actual de cotización, de 278,87 euros al mes, y una base máxima, de 1.106 euros, común para el resto de tramos. En un tercer tramo, con rendimientos netos anuales entre 30.000 y 40.000 euros, la base de cotización mínima será de 357 euros/mes; en un cuarto tramo, con ingresos entre 40.000 y 60.000 euros/año, la base mínima de cotización será 417 euros mensuales; y por último, los que superen unos rendimientos netos de 60.000 euros deberán pagar 556 euros al mes. 

   Desde Upta señalan que los datos son aproximados a falta de definir cotizaciones voluntarias extraordinarias como cese de actividad o contingencias profesionales.

lunes, 5 de marzo de 2018

EL SUELDO DE LOS CONSEJEROS DEBERÁ CONSTAR EN LOS ESTATUTOS Y SER CONTROLADOS POR LA JUNA

   La remuneración de los administradores sociales es un tema muy controvertido desde que en 2014 la Ley para la mejora del gobierno corporativo introdujera importantes modificaciones en la regulación de esta materia. Se han aplicado criterios muy distintos sobre si todo tipo de retribuciones que perciben los consejeros que forman parte del consejo de administración de las sociedades no cotizadas tienen que figurar en los estatutos sociales –ya sea en los iniciales o en modificaciones posteriores- y sobre si la junta general de socios debe controlarlas en cualquier caso.

   El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia el 26 de febrero (accede aquí al texto) en la que interpreta la normativa y pone fin a una de las grandes polémicas en torno a esta cuestión.

  La controversia gira en torno a que los consejeros pueden realizar distintas funciones para la sociedad. Por un lado, participan en la toma de decisiones sobre la administración y funcionamiento de la compañía, cometido común e “inherente” a su condición de administradores y, por otro, pueden llevar a cabo funciones de gestión ordinaria que se les delegan específicamente, como apoderados con facultades amplias para decidir sobre el ejercicio de la actividad empresarial. Sería el caso, por ejemplo, de los directores generales o de consejeros que desempeñan funciones ejecutivas sectoriales, como un consejero que realiza además las funciones de director financiero.

   Las dudas surgen cuando en la reforma de 2014 se regulan sus retribuciones en dos grupos de artículos distintos de la Ley de Sociedades de Capital.

   Por un lado, el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los que lo desarrollan, establece que el cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario, determinando además el sistema de remuneración. Detalla una serie de conceptos retributivos posibles y establece que la junta general será la que decida el importe máximo anual a repartir entre los consejeros. Estos artículos fijan, en resumen, el control de la remuneración de los consejeros por la junta general de socios y el principio de “reserva estatutaria”. Es decir, que se garantiza el control y la transparencia del sistema de retribución de los administradores haciéndolo constar en los estatutos de la sociedad.

   El problema es que en estos preceptos siempre se hace referencia a la remuneración de los administradores «en su condición de tales» y esta expresión ha dado lugar a interpretar que solo se aplicarían a las retribuciones «inherentes» a la condición de administrador (es decir las correspondientes a sus funciones consultivas, decisivas, etc.) y no a las que se les paguen por las funciones «ejecutivas».

   Por otro lado, el artículo 249 de la Ley de sociedades de capital, tras la reforma, establece que cuando a un miembro del consejo de administración se le atribuyan funciones ejecutivas debe formalizar un contrato con la sociedad, aprobado por el consejo de administración, en el que, entre otras cosas, debe detallarse su retribución por esas funciones.

   Todo esto ha dado lugar a una doble interpretación. Una sosteniendo que solo es necesario que figuren en los estatutos y sean decididas por los socios las retribuciones de los consejeros por sus funciones de administración, pero las retribuciones por sus funciones ejecutivas no -quedando estas en manos del consejo de administración formalizadas a través del contrato-. Y otra entendiendo que todo el sistema de remuneración debe figurar en los estatutos sociales y quedar bajo el poder de decisión de la junta de socios y que, además de esto, las retribuciones por sus funciones ejecutivas deben formalizarse y detallarse dentro del contrato específico.

   Esta última interpretación es la que apoya el Tribunal Supremo en su sentencia. Concluye que la exigencia de que la remuneración de los consejeros figure en los estatutos sociales y sea decidida y controlada por los socios se aplica a todo tipo de remuneraciones de los consejeros y que la exigencia de formalizar un contrato que sea aprobado por el consejo de administración en el que se detallen las retribuciones por sus funciones ejecutivas, es un requisito añadido.

LAS EMPRESAS DEBERÁN TENER UN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS

El reglamento de protección de datos, que será de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo, incluye la necesidad de designar a un responsable en las entidades que traten información personal o sensible.

     A poco más de 100 días para que el conjunto de países miembros de la Unión Europea empiecen a aplicar el contenido del nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD), el rol del delegado de protección de datos (DPD) ha ganado importancia. Esta figura laboral resultará esencial para muchas compañías, puesto que el texto legal insiste en su obligatoriedad para todas las autoridades y organismos públicos, así como para empresas que realicen una observación habitual y sistemática de las personas a gran escala o que tengan entre sus actividades principales el tratamiento de datos sensibles.

    En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva tiempo allanando el camino y resolviendo muchas de las dudas generadas por el RGPD, como ocurre con los responsables de protección de datos. De hecho, en julio de 2017, la autoridad nacional presentó, junto a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el primer Esquema de certificación de DPD y, hace menos de un mes, emitió la primera autorización a ANF AC, que podrá certificar la idoneidad de todos los expertos que aspiren a ser delegados de protección de datos.

    Sin embargo, acceder a esta nueva actividad no será tarea fácil. De hecho, la AEPD detalla en su exhaustivo texto el perfil del profesional que aspire a cubrir el puesto, así como las competencias requeridas para poder convertirse DPD. Así, para que las autoridades acreditadas puedan certificar que un trabajador es adecuado, éste deberá ser capaz de recabar información para determinar las actividades de tratamiento;analizar y comprobar la conformidad de las actividades de tratamiento e informar, asesorar y emitir recomendaciones al encargado del tratamiento.

    También tendrá que asesorar en la aplicación del principio de la protección de datos por diseño y por defecto; aconsejar si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de protección de datos y qué metodología debe seguirse al efectuar este tipo de valoración. Por otro lado, deberá ser capaz de recabar información para supervisar el registro de las operaciones de tratamiento; así como priorizar sus actividades y centrar sus esfuerzos en aquellas cuestiones que presenten mayores riesgos.

    Además de todas estas capacidades, según explica la AEPD en su Esquema de certificación, todos los que estén interesados en lanzarse en esta nueva aventura laboral y tratar de acceder a la fase de evaluación, deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: justificar una experiencia profesional de, al menos, cinco años en proyectos o actividades relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos; tener una experiencia demostrable de, al menos, tres años en proyectos o actividades y tareas relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos, y una formación mínima reconocida de 60 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema; acreditar una experiencia profesional de, al menos, dos años en proyectos o actividades y tareas relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos, y una formación mínima reconocida de 100 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema; o, por último, justificar una formación mínima reconocida de 180 horas en relación con las materias incluidas en el programa del texto elaborado por la AEPD.

Método de evaluación

    Respecto al proceso de evaluación que deberán realizar los aspirantes a DPD, la autoridad española de protección de datos destaca que éste tendrá que estar basado en la valoración del conocimiento y experiencia, así como en el desarrollo profesional continuo. Las cosas así, el candidato estará obligado a demostrar que posee la competencia adecuada, es decir, los conocimientos teóricos, la capacidad profesional, así como las habilidades personales necesarias para cumplir esta misión, según los términos y condiciones establecidos por la AEPD.

    Entre los temas sobre los que los DPD deberán demostrar sus conocimientos, hay que destacar el que está íntimamente relacionado con el reglamento general de protección de datos, es decir, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo del RGPD, la normativa nacional, la directiva sobre ePrivacy o las directrices y las guías elaboradas por el grupo de trabajo artículo 29.

    También se verificará su capacidad ante la responsabilidad activa, lo que significa que deberá demostrar su facilidad para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el tratamiento de datos personales, su capacidad de valoración del impacto de la protección de datos desde el diseño o por defecto.

    Por último, también se tendrá en cuenta para la evaluación qué estrategia elegiría el candidato para garantizar la correcta ejecución del RGPD, ya sea mediante una evaluación de los sistemas de seguridad instaurados en la compañía o con auditorías de protección de datos.

Otros méritos

    En el caso en el que los candidatos no reúnan la puntuación necesaria para conseguir la certificación y así poder aspirar a ser delegados de protección de datos, según explica la Agencia Española de Protección de Datos, los profesionales también podrán presentar méritos adicionales que sumarán puntos a su experiencia laboral y personal:

-
Formación universitaria específica o complementaria en protección de datos o privacidad, según el Espacio Europeo de Educación Superior.

- Trabajo de fin de carrera o curso en protección de datos o privacidad.

- Prácticas en empresas en temas de protección de datos o privacidad.

- Experiencia laboral. Funciones específicas en asuntos de privacidad en un puesto de trabajo durante un año.

jueves, 25 de enero de 2018

EL GOBIERNO QUIERE REDUCIR LAS TRABAS FISCALES Y SINDICALES PARA IMPULSAR LAS PYMES

   
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha propuesto a los empresarios y a los sindicatos rebajar y flexibilizar algunas condiciones laborales y fiscales para facilitar que las empresas puedan ganar tamaño. Sobre todo, que las pequeñas sociedades, que cuentan con hasta 49 trabajadores, tengan más estímulos para convertirse en medianas, que tienen plantillas de hasta 249 trabajadores.

    Son dos de las líneas maestras que contempla el Gobierno en su Marco estratégico de la España industrial, que el Ejecutivo está negociando y consultando con las diferentes asociaciones empresariales, los sindicatos y catedráticos y expertos en los diferentes sectores.

    El plan, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, explica que “hay 130 regulaciones” que impiden que las empresas ganen tamaño, y las principales afectan a criterios laborales y fiscales. En el primer caso porque las compañías están obligadas a tener un comité de empresa cuando ya cuentan con 50 trabajadores. Es decir que, aunque no lo dice el documento, ya hay que convocar elecciones de representantes de los empleados, entran los sindicatos y la empresa pierde poder en las relaciones laborales. Las obligaciones legales van creciendo a medida que aumenta la plantilla y la compañía salta de escalón por su tamaño.

    Ya el pasado mes de julio, Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, propuso al Congreso de los Diputados “desacoplar [el umbral de empleados] de los niveles más frecuentes, como el de 50 trabajadores, para evitar los efectos escalón en la distribución de empresas”.

    Guindos se refiere a que, a partir de ese número de trabajadores, disminuye la representación de las empresas más grandes, porque muchas prefieren crear varias sociedades pequeñas antes que seguir creciendo, y verse obligadas a aumentar el poder de los sindicatos.

    Los obstáculos con los que se encuentran las empresas para ganar tamaño también son de índole fiscal. Por ejemplo, rebasar el umbral de los 50 trabajadores implica la obligación para la sociedad de auditar las cuentas si los activos tienen un valor superior a los 2,85 millones de euros o su facturación es superior a los 5,7 millones de euros.

GRANDES CONTRIBUYENTES

    Además, en el Impuesto de Sociedades, cuando la facturación llega a los 6 millones de euros, la empresa pasa al control de la Unidad de Grandes Contribuyentes que tiene la Agencia Tributaria. Eso significa también que soporta un pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades, que pasa del 18% al 20% de la base imponible. Además, la empresa tiene que hacer liquidaciones mensuales, en lugar de trimestrales, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

   Por todas estas razones, el Gobierno se acerca a las demandas de los empresarios , y propone “elevar los umbrales de las cargas fiscales y laborales para la calificación de una empresa como mediana”.

    La realidad es que de las cinco grandes economías de la Unión Europea, España sólo se iguala a Italia por el tamaño de sus empresas. Así, según el documento del Ejecutivo, el 94,5% de las compañías españolas tiene menos de diez trabajadores, frente al 81,7% de Alemania; el 88,8%, de Reino Unido; o el 93,3%, de Francia.

    Sólo el 0,6% de las sociedades españolas son medianas, que tienen entre 50 y 249 trabajadores. En Alemania son el 2,6%; el 1,6% en Reino Unido y el 0,9%, en Francia (ver gráfico en esta página).

    El Gobierno explica que su estrategia para que las empresas ganen tamaño se debe a que buena parte de los problemas de la economía española están en la preponderancia de la micro y pequeña empresa. “Tienen menos productividad, menos propensión exportadora y son menos innovadoras. Todo ello lastra la capacidad de crecimiento y exportación de la economía española”, además de que crea menos empleo.

   Hay que tener en cuenta que la participación actual de los sectores industriales en el Producto Interior Bruto (PIB) es del 16,1%. Es decir, que está por debajo del objetivo del 20% establecido por la Unión Europea para 2020.

LA DIGITALIZACIÓN

    En este sentido, otro reto importante para estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es entrar en la era de la digitalización. “O hacen frente a este reto o continuaran reduciendo su competitividad hasta su eventual desaparición”.

    Como líneas maestras del plan, el Gobierno propone fomentar las nuevas tecnologías en la “digitalización total” de las Administraciones Públicas, y fomentar su colaboración con el sector privado. En este punto, el Ejecutivo también plantea crear centros empresariales de excelencia y por sectores, “para fomentar la transferencia” de tecnología a la industria y su aplicación al tejido productivo real. Junto al cambio en el marco regulatorio, que facilite el salto paulatino desde las pequeñas a las grandes empresas y la apuesta por la digitalización, como grandes líneas maestras, el Gobierno también plantea propuestas para mejorar la financiación de las compañías y una política energética que reduzca los costes de las empresas, rebaje los niveles de contaminación y disminuya la presencia del carbón (ver información adjunta).

CAMBIOS DE IMPUESTOS QUE AFECTAN AL AUTÓNOMO EN 2018

    Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Autónomos, este tipo de profesionales enfrentan uno de los años con más cambios a nivel fiscal de los últimos tiempos. Vamos a recopilar a continuación las principales modificaciones a nivel impositivo, y en relación con los gastos en la Seguridad Social. Dos de las partidas que más modificaciones sufren, y que más afectan directamente al bolsillo de los autónomos en 2018.

    A nivel impositivo, las principales modificaciones que afectan a deducciones fiscales en este año son:





Seguros por enfermedad

    Los autónomos con seguro por enfermedad, así como los de su cónyuge o hijos menores de 25 años pueden deducirse el gasto. El máximo es de 500 euros por persona, y el límite 4 personas. Lo que significa que la ley permite deducirse el gasto de hasta 4 personas en seguros de salud, es decir, 2.000 euros.

Recibos de hogar 

    Una de las medidas mejor acogidas. Los autónomos que trabajen desde su propio domicilio podrán deducirse hasta un 30% de los gastos en suministros del hogar, como luz, telefonía o agua. Para ello, se realiza una proporción entre los metros totales de la vivienda y los empleados a la actividad profesional.

Gastos de manutención 

    Aquellos autónomos que coman en un restaurante podrán deducirse el gasto. Siempre que se realice mediante pago electrónico y se solicite la factura correspondiente, los autónomos pueden deducirse hasta 26,67 euros al día en comida. En caso de estar en el extranjero, la cuantía máxima asciende a 48,08 euros.


Los cambios en la Seguridad Social

   Desde el bufete de Asesoramiento Tributario VallRibera-Baqués, recuerdan que en el ámbito de la Seguridad Social, también se han producido una serie de cambios que afectan directamente a los autónomos. Aunque no son impuestos como tal, el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia se verá aumentado, gracias a la puesta en marcha de estas medidas.

Cotizaciones RETA 

    Los autónomos pueden abonar sus cuotas por sus días trabajados y no por el mes entero. Además, se pueden dar de alta y de baja hasta tres veces en el año natural, para que puedan escoger en función de sus intereses. De igual manera, se permite cambiar la base de cotización hasta cuatro veces en el mismo ejercicio.

Retrasos en los pagos 

    Se ha reducido el recargo por retraso en el pago de las cuotas. Concretamente se ha pasado del 20% al 10% en los ingresos fuera de plazo en el primer mes.

Pluriactividad 

    Los autónomos que, al mismo tiempo, estén trabajando como asalariados no tendrán que solicitar el exceso de cotización. Con la nueva ley, la devolución se realiza de forma automática, sin la necesidad de tener que solicitarlo.

Bonificación por cuidado de menores 

    La edad máxima para obtener una bonificación por el cuidado de menores pasa a los 12 años. Las condiciones en caso de maternidad, paternidad, acogimiento o adopción también han mejorado.

Contrato a familiares 

    Los autónomos que contraten a familiares de hasta segundo grado por consanguineidad o afinidad (incluso parejas de hecho) tendrán una bonificación durante un año.

Jubilación 

    Los autónomos podrán recibir el 100% de su pensión por jubilación y seguir trabajando. El requisito es tener, al menos, un empleado al cargo.


miércoles, 29 de noviembre de 2017

COMO TRIBUTAN LAS VENTAS ON LINE EN WALLAPOP O EBAY

   Hacienda ha establecido, como adelantó este jueves Expansión.com, que los particulares que vendan bienes en plataformas como eBay, Wallapop o Vibbo serán gravados por Transmisiones Patrimoniales (ITP). A continuación, todos los detalles de cómo se aplicará este impuesto.

¿Cómo tributan?

   Las ventas de productos usados realizadas por particulares en plataformas online estarán sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y deberán tributar al 4%. Además, las ventas en estas plataformas online que generen beneficios tributan en el IRPF como ganancia patrimonial.

¿Tributan todas la ventas?

   Sí, todas en ITP al 4%, aunque se venda por menos de lo que costó el producto. En el IRPF, sólo las que generen beneficios. No es lo más habitual en transacciones de bienes usados y de segunda mano, pero sí cuando se venden cuadros u objetos de coleccionismo

¿Se pueden compensar las pérdidas?

   No, sólo computan en el IRPF las ganancias, las pérdidas en productos usados no pueden compensarse.

¿Cómo se declaran estas ventas?

   El ITP se declara en el Modelo 600. Pablo Romá y David Vallés, socio director de Fiscal y asociado sénior de Ecija, respectivamente, apuntan que "Hacienda se enfrenta ahora al reto de comunicar o difundir de una forma eficaz a los particulares la existencia de esta obligación". A su juicio, "no tendría sentido que existiendo una plataforma tecnológica de intercambio de bienes, no hubiese un sistema informático acorde para poder declarar el Impuesto y proceder a su pago". El IRPF se declara en la Campaña de la Renta.

¿Quién controla la tributación?

   En el caso del ITP, es competencia de las comunidades autónomas. Del IRPF se encarga la Agencia Tributaria.

¿Qué novedad ha habido en la tributación de estas ventas?

   La Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, ha emitido una consulta vinculante que establece que las ventas online estarán sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y deberán tributar al 4%. Un contribuyente preguntó porque no sabía qué debía hacer ante la novedad que suponen las plataformas on line.

¿Hay diferencia con la venta de productos usados que no sea a través de plataformas on line?

   No, está gravada igual por ITP como siempre lo ha estado, la duda estaba en qué ocurría si se hace a través de plataformas como eBay, Wallapop, Vibbo, Milanuncios o Amazon. Las ventas "físicas" son más difíciles de rastrear para Hacienda.

¿Cómo se grava la venta de productos nuevos?

   Igual, la clave es quién vende. Si lo hace un empresario o profesional, la venta está gravada con IVA. Si es un particular, con ITP. En principio, se asume que el particular venderá objetos usados o de segunda mano.

¿Va a controlar Hacienda estas ventas?

   Sí. La consulta de Tributos es de directa aplicación y Hacienda aclara que controla una tributación que deja rastro en la web. La Agencia Tributaria (AEAT), además, pide las bases de datos a las plataformas de comercio online para investigar transacciones. Además de no tributar, cabe la posibilidad de que se declaren ventas para enmascarar trabajos hechos en B en varias transacciones con diferentes cantidades o, incluso, que empresarios y profesionales vendan como si fueran particulares para ahorrarse el IVA del 21% y tributar al 4% por ITP.

¿Cómo se puede responder a Hacienda?

   
Es recomendable guardar documentos que acrediten la propiedad del bien y pruebas de la transacción como facturas o pantallazos del cierre del acuerdo.

LA OCDE PIDE QUE SE PERMITA RECUPERAR EL IVA PAGADO Y NO COBRADO PASADO 90 DIAS

   Recuperar el IVA que una empresa ha ingresado en la Agencia Tributaria pero que no ha cobrado es uno de los problemas típicos a los que se enfrentan las compañías en la gestión del principal impuesto indirecto. La legislación actual establece que una empresa podrá solicitar el reintegro de un IVA pagado y no cobrado transcurrido un año desde el devengo del impuesto sin que se haya obtenido el cobro total o parcial. El plazo en el caso de las pymes es de seis meses.

   CEOE ha propuesto a los partidos políticos del Congreso de los Diputados rebajar el período para reclamar el IVA pagado y no cobrado a 90 días. En concreto, plantea que esta medida se incluya como una enmienda durante la próxima tramitación de la Proposición de Ley presentada por Ciudadanos de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El exdiputado Josep Sánchez Llibre, que actualmente se encarga de las relaciones entre CEOE y el Congreso, ha sido el responsable de presentar la iniciativa a todos los grupos parlamentarios. La patronal confía en que su propuesta será bien recibida porque es positiva para la economía. La patronal considera que la dificultad para recuperar el IVA supone un doble perjuicio para el acreedor que no solo se encuentra que tiene facturas pendientes de cobro sino que, además, tiene que hacer frente al pago del impuesto indirecto.

   El IVA es un tributo que grava el consumo final y que, en teoría, es neutral para las empresas. Sin embargo, ello no es así. En una operación entre dos empresas, la compañía que actúa como clientes soporta un IVA que podrá deducirse y el proveedor es el encargado de ingresar el impuesto en Hacienda. Por lo tanto, el resultado debería ser neutro. Sin embargo, ello no se cumple en muchas ocasiones. Cuando una empresa paga tarde una factura, el proveedor se encuentra en que debe ingresar el IVA de esa factura. Y si finalmente queda impagada, el proceso de recuperación es tortuoso.

   CEOE propone no solo acortar los plazos, sino también agilizar los trámites para solicitar el reintegro. Los problemas generados por el IVA no cobrado se multiplicaron durante la crisis económica, cuando se disparó la morosidad en el sector privado y también en el público. De hecho, los problemas de tesorería derivados de haber ingresado un IVA que no se ha cobrado son especialmente sangrantes si el que paga tarde y mal es una Administración pública.

   La legislación vigente contempla un período legal máximo de pago de 60 días para las empresas y de 30 días para la Administración. Es habitual sobrepasar estos límites, aunque la morosidad se ha reducido en los últimos años.

   La propuesta de CEOE se ve con buenos ojos en el Ministerio de Hacienda y más en un contexto en el que la recaudación tributaria avanza a buen ritmo. España cerrará este año con un déficit público del 3%y cumplirá el objetivo de estabilidad.

   Una de las medidas que ya adoptó el Gobierno para mitigar los perjuicios de la morosidad fue establecer el llamado IVA de caja a partir del año 2014. Un mecanismo por el cual las empresas pueden pagar el IVA en el momento de cobrar la factura y no cuando se emite. A pesar de que la medida fue ampliamente publicitada por el Gobierno y reclamada por las empresas, no tuvo el efecto que se esperaba.

   La posibilidad de acogerse al IVA de caja se fijó para pymes con una facturación inferior a dos millones de euros. En principio, los beneficiarios potenciales ascendían a 2,3 millones, sin embargo, solo 21.569 contribuyentes se adhirieron. Menos del 1%. Los datos corresponden a 2014, el único año en el que Hacienda informó de esta estadística.

   Para entender el fracaso de esta medida hay que tener en cuenta que el IVAde caja supone que las empresas no ingresan el IVA hasta cobrar la factura. Esa es la parte positiva. Pero también significa que no puede deducirse el IVA soportado hasta pagar sus facturas.

   Por otra parte, las grandes empresas mostraron su preferencia por operar con proveedores que no aplicaran el nuevo régimen. Ello es así porque si una gran compañía realiza una compra a una pyme acogida al IVA de caja no podrá deducirse el impuesto hasta abonar la factura, lo que genera un coste financiero.

   Todo ello, unido a nuevas obligaciones formales para las empresas adheridas al nuevo régimen explica que el IVA de caja no cumpliera con las expectativas. CEOE confía en que acortar el período para reclamar el IVA no cobrado resulte una medida más efectiva.

MAYOR AGILIDAD EN LAS DEVOLUCIONES

   El Gobierno puso en marcha en julio pasado el nuevo proyecto del SII (Suministro Inmediato de Información) que obliga a enviar en tiempo casi real a Hacienda el detalle de las facturas emitidas y recibidas por una empresa. La medida afecta principalmente a grandes compañías, que son aquellas que facturan más de seis millones de euros. CEOE mostró su rechazo por la precipitación en la aplicación del SII y denunció el poco margen que han tenido las empresas para cumplir con las exigencias de informar del IVA en el plazo de ocho días. A partir del próximo año serán cuatro.

   La Agencia Tributaria asegura que los beneficios del SIIsuperan los posibles inconvenientes y este viernes informó de que el nuevo modelo ha permitido reducir en 12 días los plazos medios de devolución del IVA. “El SII no es simplemente una herramienta para el control tributario, sino también una herramienta que favorece la liquidez de las empresas y mejora la gestión del impuesto, dado que permite reforzar sus procesos internos de facturación y contabilidad”, señaló Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria. Los últimos datos de Hacienda reflejan que a principios de noviembre, el fisco recibió información de más de 1.100 millones de facturas a través del SII que suman 950.000 millones.