La medida se suma a la actual imprescriptibilidad de los activos en el exterior
En España no prescribirá el derecho de Hacienda a investigar los periodos y conceptos tributarios prescritos hasta pasados diez años, siempre que la Inspección considere que necesita realizar esa comprobación cuando revisa una liquidación no prescrita todavía.
Así se incluye en el proyecto de reforma de la Ley General de Tributación (LGT), que el Gobierno quiere que entre en vigor antes de acabar la legislatura actual, y que incluso permitirá que los funcionarios de Hacienda pueden calificar los hechos, actos o negocios realizados en un periodo prescrito
Limite de plazos
Los asesores fiscales han mantenido desde que se conoció el primer borrador una lucha a brazo partido con Hacienda para evitar que la imprescriptibilidad se extendiese sin límites, tal y como constaba en ese texto. Finalmente, en el Consejo de Ministros se limitó el plazo.
Los asesores entienden que genera incertidumbre para los contribuyentes que se ven obligados a guardar toda la documentación durante más de una década ante las expectativas de que se puede llevar a cabo una posible inspección.
Mientras tanto, la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) consideran, en una nota valorativa, que esta medida y otras incluidas en el futuro texto, “ayudarán a afrontar un cambio completo de la situación actual de elevado fraude fiscal en España”. Por ello, reclaman una reforma “más ambiciosa”.
Sin embargo, esta imprescriptibilidad viene a sumarse a la que ya existe para los bienes poseídos en el extranjero y que no se han declarado a Hacienda. En España, la tributación por los ingresos (incrementos no justificados de patrimonio) superiores a 50.000 euros obtenidos por bienes o derechos situados en el extranjero, no prescribe nunca si no se han incluido en la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720).
Así, se establece en la Ley 7/2012, que modifica la Ley del IRPF y, de esta forma, la prueba de la prescripción de la renta que financió la adquisición del activo desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción, no se admitirá en el caso de activos situados en el extranjero no declarados en el 720.
Aunque esta prueba exista, y por muy fehaciente que ésta sea, la Administración tributaria podrá liquidar un incremento no justificado de patrimonio, que se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización.
Es, por tanto, obligatorio tanto para las personas que tienen cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, como por valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero, y por bienes inmuebles situados en el extranjero y derechos sobre los mismos, realizar la declaración.
La sanción mínima por la falta del presentación del modelo 720 si se incumplen las tres obligaciones de información es de 30.000 euros. En el caso de incumplir una sola obligación de información, la sanción mínima es de 10.000 euros.
Si un contribuyente tiene una cuenta con 30.000 euros de saldo y otra con 250.000, deberá de presentar el 720 por ambas, ya que el cómputo se efectúa separadamente por cada tipo de bien por el que se obliga a declarar. Así, si la cuenta es de 30.000 y los 250.000 sonde un seguro de 250.000, no hay obligación de declarar.
Europa aplaude la obligación de declarar bienes en el extranjero
La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea ha reconocido que la obligación de declarar determinados bienes situados en el extranjero “parece estar basada en criterios objetivos y parece proporcional a la mayoría de los aspectos”.
Así lo afirma en sus respuestas a las denuncias presentadas por un grupo de funcionarios comunitarios, varias asociaciones de asesores fiscales (como la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF) y, al menos un bufete de abogados (DMS Consulting).
Afirma que cumple con la generalidad que se exige en la normativa de la UE; al aplicarse indistintamente a todos los residentes fiscales en España, ya sean personas físicas o jurídicas de nacionalidad española y a otros ciudadanos de la UE que deben tributar en España.
Señala que la lista de activos que se incluyen en la obligación es exhaustiva (cuentas bancarias, de valores y de contratos de seguros de vida, así como bienes inmuebles). Sobre el plazo de presentación, dice que los Veintiocho no están obligados a tener en cuenta las normas fiscales en otros Estados miembros al definir sus plazos. Además, el periodo es mayor que para declarar en España IRPF o Patrimonio.
Funcionarios Europeos
En el caso de los funcionarios europeos, manifiesta que aunque la jurisprudencia ha decretado que no están obligados a declarar en España la cantidad de la renta pagadas por la UE, puede obligarlos a declarar sus activos que poseen en el exterior, incluyendo cuentas bancarias con la renta pagada por la Unión Europea.
Por el contrario, considera que “existe una notable diferencia entre el importe de las multas impuestas por el incumplimiento de la obligación de declarar los bienes que el contribuyente posee en el extranjero (modelo 720) y el de las multas por incumplimiento de otras obligaciones fiscales de ámbito nacional”.
Por ello, este organismo ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España, al tiempo que aduce que, al impedirse la prescripción respecto de estos bienes, se infringe la jurisprudencia de la Unión europea.
La cúpula judicial anuncia que se da a Hacienda poderes exorbitantes
El consejo general del Poder Judicial (CGPJ) se ha mostrado en su informe sobre el anteproyecto de la LGT contrario a reducir la prescripción. Señala que "el prelegislador se ocupa de establecer mecanismos para impedir a toda costa que la prescripción llegue efectivamente a producirse, bien otorgando poderes exorbitantes a la Administración, bien incrementando las causas interruptivas", lo que le lleva a afirmar que es sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que "carece de parangón en nuestro ordenamiento"
